La Iglesia no podía ignorar los juegos y las justas por motivos principalmente morales, ya que cada juego presentaban un mayor o menor grado de peligrosidad para los participantes, y también para las costumbres, la moral pública y el orden público.
En el siglo XII aparecieron en Inglaterra unas reglas con respecto a estos torneos: "Statutum armorum in torniamentis", el que las violase perdería el caballo, la armadura y cumpliría un período de prisión de tres años. Una de estas reglas era que los espectadores debían de asistir a los torneos sin armadura y desarmados. Se utilizarán armas de "cortesía", es decir sin filo y despuntadas. Sin embargo estas amenazas no surtieron efecto alguno y las reglamentaciones poco a poco parecían cada vez más inservibles.
En el tercer Concilio de Letrán de 1179, siendo papa Alejandro III, la Iglesia se pronunció claramente contra los torneos. Estaban clasificados como ilícitos, bien desde el punto de vista moral, bien desde el canónico. EI papa se dispuso, en aquella ocasión, a reclamar cuanto había sido ya ordenado por Inocencio III en el Concilio de Clermont (1139) y que dictaba que los muertos en estas contiendas no recibiesen sepultura religiosa. EI primer papa citado los prohibió y el segundo impuso graves sanciones a los trasgresores.
A pesar de sus prohibiciones, la Iglesia no tenía capacidad para acabar con los torneos y justas. Por otro lado, muchos de los que se metían en torneos extremadamente peligrosos o en combates singulares sin exclusión de golpes, lo hacía por razones de honor y de prestigio.
Hacia el final del siglo XIII la Iglesia y las monarquías europeas intentan controlar a través de una serie de ordenanzas los excesos y las frecuencias de los torneos. Eustache des Champs, cronista de la Guerra de los Cien Años, se queja vivamente de la sangría que pesa sobre la juventud, en cuanto a su constante participación en los torneos, se lamenta tristemente que una vida no vale cientos de caballos, ni todo el oro del mundo. Naturalmente, la Iglesia sólo podía amenazar con sanciones de índole canónica Así, pues, para forzar a no participar en los torneos, prohibió la sepultura religiosa a quien hubiese sido víctima de alguno. Pero no Ilegó a negar también la asistencia religiosa in extremis a quien hubiere sido herido y, no habiendo fallecido en seguida, la hubiese pedido, arrepentido. Sin embargo, los esfuerzos del poder político-religioso por evitar estas inútiles carnicerías fueron vanos; no valieron las excomuniones, las expropiaciones y la privación de cristiana sepultura. De este modo los torneos continuaron durante mucho tiempo a pesar de las prohibiciones.
La iglesia, no contenta con establecer reglamentos y sanciones en contra de los torneos y las justas, también se pronunció en materia de caza. Consideraba que, en general, por caza se debía de entender la matanza de animales, seguida de un conjunto de actos mediante los cuales el cazador vencía la resistencia de la presa. EI que ejercía tal actividad era infame según las leyes civiles salvo en el caso de que se hubiera ofrecido gratuitamente para demostrar su propio valor. Los asistentes, siempre numerosos, ostentaban costosos trajes, armas y arreos. La caza, la mayoría de las veces era un simple pretexto para Ilevar a cabo encuentros mundanos y sociales, en los que se lucía lo mejor de cada casa. Esas ostentaciones gratuitas no parecían gustar a la Iglesia que las condenaba teóricamente por el desprecio hacia la miseria de los demás, en realidad sus temores estaban más unidos a la previsión de la pérdida de su poder terrenal y moralizante. La pesca, en cambio, se practicaba sin ninguna fastuosidad particular: era más serena, y requería silencio y recogimiento, por lo que la Iglesia no se pronunció contra ella. La Iglesia, por consiguiente, se pronunciaba negativamente en cuanto a ciertas formas de caza, no por que fueran pecaminosas, sino porque podían favorecer el pecado y escapárseles de su férreo control ideológico.
Fuente: SALVADOR, J (2006). El deporte en Occidente: Historia, Cultura, Política y Espacios. Tomo II. Tesis doctoral. Universidad de La Coruña.
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